Esta mañana, el viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia (MJ), Víctor Benítez, participó en el 1er. Congreso de «Alto Perfil» 35 años de la Convención sobre los derechos del Niño – Avances y Desafíos», Organizado por el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, la Oficina de la Primera Dama y UNICEF Paraguay, en el Aula Magna del Instituto del Banco Central del Paraguay.
En la ocasión, Benítez hizo uso de la palabra, subrayando que el Ministerio de Justicia ha sentado las bases para un avance significativo en el descenso de la población en los centros educativos durante el periodo de 2018 a 2023, en un porcentaje de 47,3% menos, mediante el trabajo interdisciplinario e interinstitucional con enfoque restaurativo implementado.
Presentó también los avances y desafíos de la cartera de Estado a través del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (SENAAI), órgano de carácter especializado en el trabajo con la población adolescente infractora, encargado de diseñar, ejecutar y monitorear las políticas públicas de atención integral de los mismos.
En ese sentido, señaló que existe un gran desafío en lograr la separación de adolescentes en los centros educativos por franja etaria, así como de los procesados y sancionados. A más de esto, continuar con el fortalecimiento de la Coordinación de Medidas No Privativas de Libertad del SENAAI, y replicar la experiencia y buenas prácticas en otras jurisdicciones del país.
Por otra parte, aludió al reto del fortalecimiento del Departamento de Prevención para llegar a más comunidades con derechos vulnerados. En lo que refiere al sistema penal juvenil en su conjunto, reseñó el desafío de reducir la cantidad de procesados y procesadas con la aplicación de mecanismos de medidas alternativas a la prisión preventiva.
Por último, en lo referente a políticas públicas en materia penal juvenil, dijo que la cartera de Justicia, actualmente se encuentra en proceso de evaluación participativa la Política Nacional de Adolescentes en Conflicto con la Ley (PONACOL), con el desafío de reelaborar la política y el plan de acción, así como redefinir los objetivos y las líneas estratégicas, lograr la coordinación interinstitucional en la implementación y cumplimiento de las acciones.