Autoridades de todo el continente buscan mejorar el cuidado de adolescentes infractores

El Seminario Regional “Protección de la Juventud”, realizado en Bogotá Colombia, congregó a las autoridades de todo el continente para analizar las medidas para mejorar el abordaje de los adolescentes infractores de la ley Penal. El Ministerio de Justicia fue representado por la directora General del Servicio Nacional de Atención al Adolescente Infractor (Senaai), Mabel Adriana Colmán Casco.

Fue realizado del 25 al 27 de marzo en la ciudad de Bogotá, Colombia; los temas claves visibilizados fueron: Justicia y Seguridad frente a la Juventud, Perspectiva de Género, Políticas Públicas Participativas, Buenas Práctica Innovadora y Participación de la Sociedad Civil.

El seminario tuvo como objetivos resaltar la importancia de las políticas de protección juvenil para combatir el crimen organizado, difundir estudios y visibilizar mejores prácticas con casos prácticos, incluir a la sociedad civil y organizaciones juveniles para compartir experiencias en prevención y rehabilitación.

Asimismo, buscan fomentar el diálogo entre actores clave de América Latina y El Caribe, promoviendo soluciones regionales compartidas, en el abordaje de temas como impacto del crimen organizado en la juventud, escuchar a la juventud frente a los desafíos del crimen organizado, perspectiva de género e impacto en adolescentes/jóvenes, actuación de la justicia frente a la Juventud, tipos de prevención, actores clave y políticas públicas participativas, casos de éxito y mejores prácticas de América Latina, El Caribe y la Unión Europea.

El evento fue organizado por el programa El PAcCTO 2.0 (Europa Latinoamérica Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado), un programa de cooperación internacional financiado por la Unión Europea que busca contribuir a la seguridad y la justicia en América Latina a través del apoyo a la lucha contra el crimen transnacional organizado.

El programa busca crear un grupo de trabajo regional para prevenir la participación de jóvenes en actividades criminales y a través de evaluaciones de políticas públicas, fortalecer las instituciones de justicia y seguridad, mejorando la coordinación con otros actores y generando sinergias con programas de la Unión Europea y la sociedad civil.