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En el marco de la lucha contra el hacinamiento penitenciario, el Ministerio de Justicia desde la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal (UESP), analizó 647 casos en la Penitenciaría Regional de Cambyreta – Cereso, detectando 86 personas que ya habían cumplido la pena mínima.
Gracias a este trabajo, se remitieron informes a los Juzgados Penales de Garantías y se lograron 11 libertades efectivas por compurgamiento de pena mínima, con expectativas de más resoluciones favorables en los próximos días.
Este esfuerzo se suma a la implementación de un protocolo de revisión de medidas cautelares, en conjunto con la Corte Suprema de Justicia, para garantizar que la prisión preventiva sea evaluada conforme a los plazos procesales.
Con el 70% de la población penitenciaria en calidad de procesados, esta iniciativa busca acelerar la resolución de casos y garantizar una justicia más equitativa, detalló Gustavo Ferriol, titular de la UESP.
El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la garantía de derechos, la agilización de procesos judiciales y la reinserción social, consolidando un sistema penitenciario más eficiente y humano.
