![Logo de la [Institución Pública]](https://ministeriodejusticia.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo-para-WEB.png){kind=logo}
“Acciones del Ministerio de Justicia para reducir el hacinamiento carcelario” fue el tema de exposición de la cartera de Justicia en el conversatorio “+Prisión ¿+Seguridad?”, organizado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el financiamiento de la Unión Europea.
La ponencia que correspondió al director de la Unidad de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol, visibilizó las estrategias y medidas que se están implementando desde la Institución para regularizar información y mejorar la gestión penitenciaria con enfoque de derechos humanos.
Además, incluyó los protocolos que se han desarrollado para aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva, con el objetivo de acelerar los procesos judiciales y reducir la sobrepoblación carcelaria y, realizar cierres temporales de ciertos penales para aliviar la sobrecapacidad.
El conversatorio estuvo dirigido a los principales actores del sistema de justicia, gremio de abogados, comunidad jurídica, sociedad civil y estudiantes de la carrera de derecho.
El evento propició un intercambio abierto entre los principales actores del sistema de justicia penal sobre el impacto de la prisión, como principal medida cautelar y de sanción en la gestión penitenciaria, así como, el logro de sus finalidades constitucionales.
La actividad, enmarcada dentro del Proyecto de “Acceso a la Justicia y Derechos Humanos para personas privadas de libertad” del CEJ, destacó la necesidad de generar más espacios de diálogo interinstitucional que permitan repensar el sistema penal desde una perspectiva de derechos humanos.
Cabe resaltar la participación del destacado panelista Francisco Laguna (España), jefe del Área de Medidas Alternativas de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y experto del PAcCTO 2.0 (Programa de Asistencia Contra el Crimen Transnacional Organizado).
Estuvieron presentes; Rosalía González, directora de Bienestar y Reinserción Social; Silvana Luraghi, secretaria ejecutiva de la Oficina Técnica Penal; Osvaldo Prates, defensor público del Ministerio de la Defensa Pública; Hugo César Giménez, director de Derechos Humanos del Ministerio de la Defensa Pública y; Jorge González y Elizabeth Flores, representantes del CEJ.
El intercambio dejó en claro que una política penal basada exclusivamente en el encierro no garantiza mayor seguridad, y que avanzar hacia un modelo de justicia más justo, eficiente y humano es una tarea urgente y colectiva.
Fecha de publicación: 11-06-2025
