![Logo de la [Institución Pública]](https://ministeriodejusticia.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo-para-WEB.png){kind=logo}
En un paso clave hacia el fortalecimiento de las políticas penitenciarias con enfoque social, el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Cordillera iniciaron una mesa de trabajo conjunta orientada a la implementación de programas destinados a personas privadas de libertad, con énfasis en la prevención de la reincidencia y la reinserción efectiva a la sociedad.
La iniciativa contempla la firma de un Convenio Marco de Cooperación, además de un acuerdo específico para la implementación de servicios comunitarios, entre otras acciones conjuntas que serán planificadas en una segunda etapa.
Esta articulación institucional cobra especial relevancia considerando que el departamento de Cordillera alberga no solo los centros penitenciarios “Padre de la Vega” y la Penitenciaría de Emboscada antigua, sino también dos nuevos establecimientos del sistema penitenciario bajo el nuevo modelo de gestión, similares al Penal de Máxima Seguridad “Martín Mendoza”, que representa un cambio estructural en la gestión carcelaria del país.
Durante la reunión, también se acordó avanzar en un estudio de impacto en el territorio local, con el objetivo de coordinar la implementación de fuertes planes de reinserción laboral, educativa y comunitaria, alineados con la política pública de reducción de la reincidencia impulsada por el Ministerio de Justicia.
La mesa de trabajo estuvo encabezada por la directora de Bienestar y Reinserción Social del Ministerio de Justicia, Rosalía González, junto al jefe del Área Laboral, Guido González. Por parte de la Gobernación de Cordillera participaron el Christian Bedoya, secretario general, y Gustavo Martínez, asesor jurídico.
Las autoridades coincidieron en la importancia de consolidar un enfoque integral, territorial y humano en el tratamiento penitenciario, sentando así las bases para una cooperación sostenible que genere beneficios tanto para las personas privadas de libertad como para las comunidades que las reciben tras su egreso del sistema.
