Con el objetivo de avanzar en la reducción del hacinamiento y garantizar la protección de los derechos humanos en contexto de encierro, el Ministerio de Justicia desde la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal realizó un trabajo conjunto con el Poder Judicial. Como resultado, se otorgó la prisión domiciliaria a una persona privada de libertad de 82 años en la Unidad Penitenciaria Esperanza (UPIE), considerando su edad avanzada, estado de salud y situación jurídica.
Este hecho se dio ante recomendaciones de la Unidad, que procedió a informar al Juzgado de Ejecución Penal N.º 2, Secretaría N.º 1, de la Circunscripción Judicial de Central, recomendando la aplicación del artículo 239 del Código de Ejecución Penal, que prevé medidas especiales para este tipo de casos humanitarios.
Se acota, que, durante la jornada, se realizaron múltiples entrevistas con personas privadas de libertad, quienes accedieron a información sobre sus causas judiciales, despejaron dudas legales y fueron atendidas con enfoque garantista. Actualmente, el penal registra 241 personas privadas de libertad.
Participaron activamente, Gustavo Ferriol, director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal del Viceministerio de Política Criminal; y Víctor Benítez Salinas, juez de Ejecución Penal de San Lorenzo, junto con autoridades y técnicos del Ministerio de Justicia y del Poder Judicial, reafirmando el compromiso institucional por una gestión penitenciaria humanitaria e inclusiva. Estuvo presente, Teófilo Báez, director del establecimiento,
Estas acciones reflejan una justicia cercana, sensible y comprometida, que reconoce la importancia de la supervisión judicial como herramienta para garantizar la legalidad, la dignidad y la reinserción efectiva en contextos de encierro.
Publicado el 15 de julio 2025.