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Con el objetivo de garantizar un sistema penitenciario más eficiente, equitativo y respetuoso de los derechos humanos, el Ministerio de Justicia lideró un importante trabajo interinstitucional en el Centro Penitenciario para Mujeres “Casa del Buen Pastor”.
La iniciativa, encabezada por el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, en coordinación con la Corte Suprema de Justicia, la Defensoría Pública y fiscales adjuntos, tiene como propósito principal la descongestión del penal y la optimización de las condiciones de internación de las mujeres privadas de libertad.
“Este censo nos permitirá identificar situaciones en las que se puedan aplicar medidas alternativas que alivien la sobrepoblación del penal y garanticen una reinserción social efectiva”, señaló el viceministro Maciel.
Actualmente, el centro penitenciario alberga a 563 mujeres, superando su capacidad máxima de 470 plazas, lo que ha llevado a una medida de cierre temporal por un mes, a partir del 28 de abril del presente año.
Esta acción responde a la urgente necesidad de revaluar los casos individuales y fomentar alternativas de reinserción social.
Objetivos del censo judicial
El censo permitirá:
– Identificar casos con posibilidad de medidas alternativas, como prisión domiciliaria, adelantamiento de compurgamiento de pena y salidas transitorias.
– Diseñar programas de reinserción social alineados con principios de justicia restaurativa.
– Fortalecer mecanismos de intervención interinstitucional que garanticen un proceso más ágil y equitativo en la administración penitenciaria.
El compromiso es garantizar un sistema penitenciario más justo y humanitario, donde las mujeres privadas de libertad puedan acceder a oportunidades de reinserción social.
Presencia y participación interinstitucional
En la jornada, que contó con la presencia de Jenny Cardozo, directora del penal, participaron importantes actores del sistema de justicia, entre ellos Sandra Kirchhofer, Silvana Luraschi y Víctor Benítez, jueces de Ejecución Penal de la Corte Suprema de Justicia, representantes de la Defensoría Pública y el Ministerio Público.
La implementación de este censo judicial representa un avance significativo en la consolidación de políticas penitenciarias orientadas a la humanización del sistema carcelario, garantizando condiciones dignas y promoviendo el respeto a los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad.
El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de trabajar en soluciones concretas que contribuyan a la mejora del sistema penitenciario y la reinserción efectiva de las mujeres privadas de libertad, en concordancia con las disposiciones de justicia social y los principios de equidad e inclusión.
