Hoy, en el Gran Hotel del Paraguay, tuvo lugar la sesión informativa de las organizaciones seleccionadas por el «Fondo para Proyectos de Reinserción Social». El encuentro fue propiciado por el Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Unión Europea. En representación del Ministerio de Justicia estuvo presente la directora de Bienestar y Reinserción Social, Abog. Rosalía González.
En su primera edición, se financiarán hasta cuatro (4) organizaciones de la sociedad civil para la implementación de proyectos innovadores que aboguen por el mejoramiento de las condiciones actuales de las personas privadas de libertad (PPL) en las penitenciarías regionales de Emboscada y Coronel Oviedo, la Unidad Penitenciaria Industrial Esperanza (UPIE) y el Centro Penitenciario para Mujeres “Serafina Dávalos”, de Coronel Oviedo.
Las organizaciones seleccionadas son las siguientes:
- Asociación Confraternidad Carcelaria: Proyecto «Droga Cero en el Sistema Prisional».
- Organización Radio Transmundial Paraguay: Proyecto «Reinserción de Mujeres en Esperanza».
- Asociación Fe y Alegría: Proyecto «Jairuru ñande raperã (Abrir caminos): Programa de formación socio-laboral para la reinserción social de las Personas Privadas de Libertad».
- Fundación Paraguaya: Proyecto fábrica de juguetes y el semáforo llegan a “La Esperanza”.
Estas iniciativas buscan promover una gestión comunitaria más efectiva, respetuosa de los derechos humanos y conforme a la ley, facilitando así la reinserción de personas privadas de libertad en la sociedad.
Este avance marca un paso significativo hacia un sistema penitenciario más justo y humano, donde se promueve activamente la reinserción social y se brindan oportunidades reales de transformación para las personas privadas de libertad en Paraguay.
Esta actividad se enmarca en el Proyecto “Acceso a Justicia y derechos humanos de personas privadas de libertad”, una iniciativa del Centro de Estudios Judiciales (CEJ), con el apoyo de la Unión Europea (UE). Su objetivo es contribuir al mejoramiento del sistema penitenciario y garantizar los derechos humanos de las personas privadas de libertad (PPL), fortaleciendo políticas de justicia en colaboración con organismos del Estado y la sociedad civil.