El Congreso Nacional aprobó con rapidez la ley de emergencia penitenciaria con vigencia de un año

En tiempo récord y comprendiendo la delicada situación del sistema penitenciario nacional, ambas cámaras del Congreso Nacional, Diputados y Senadores, ayer trataron de urgencia y aprobaron el proyecto de ley que declara en situación de emergencia todos los establecimientos penitenciarios de varones, mujeres y centros educativos de adolescentes infractores de la ley, dependientes del Ministerio de Justicia, por el plazo de trescientos sesenta y cinco días (365). El proyecto pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación.

El Poder Ejecutivo deberá reglamentar, en un plazo de 15 días, a partir de la promulgación, el Plan de Seguridad con el concurso de las Fuerzas Públicas en la seguridad y vigilancia de todos los establecimientos penitenciarios de la República.

El proyecto aprobado señala que “el Plan de Seguridad Penitenciaria con las Fuerzas Públicas tendrá por objetivo coordinar las acciones conjuntas del cuerpo de seguridad penitenciaria del Ministerio de Justicia con los efectivos correspondientes de las Fuerzas Públicas, en seguridad y vigilancia de los centros penitenciarios”.

Con esa finalidad, los objetivos específicos serán:

1. Fortalecer la seguridad de los centros penitenciarios con el concurso de las Fuerzas Públicas.
2.  Fortalecer la inteligencia penitenciaria con el concurso de las áreas de inteligencia de las Fuerzas Públicas.
3.  Mejorar la efectividad del sistema de seguridad para reducir los riesgos de fuga u otros hechos cometidos por el crimen organizado en los centros penitenciarios.

El Ministerio de Justicia podrá hacer contrataciones de personal en carácter de excepción con lo dispuesto en la ley, y también se le autoriza a gestionar los recursos presupuestarios para llevar adelante obras de infraestructura y la compra de equipos tecnológicos de seguridad para atender necesidades impostergables en materia penitenciaria.

Además, se encomienda al Ministerio de Economía y Finanzas la atención preferencial en carácter de prioridad a los procedimientos requeridos por el Ministerio de Justicia, para la transferencia de créditos presupuestarios, así como para la obtención de los mismos por los mecanismos legales asignados al efecto.

El ministro Ángel Barchini se mostró complacido por el apoyo a la iniciativa y manifestó sus agradecimientos a los parlamentarios de las distintas bancadas, ratificando firmemente su compromiso de respeto de los derechos humanos y procesos legales de las personas privadas de libertad.