El Ministerio de Justicia analiza los desafíos a 10 años de la vigencia del Código de Ejecución Penal

En el marco de una jornada organizada por la Oficina Técnica Penal, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, realizó una exposición sobre los avances y desafíos tras una década de implementación del Código de Ejecución Penal. Entre los temas centrales que remarcó, señaló la persistente brecha existente entre las disposiciones normativas y la situación real de los centros penitenciarios; con la necesidad imperiosa de contar con agentes penitenciarios capacitados y fortalecer el presupuesto penitenciario.

“La implementación del Código de Ejecución Penal exige mucho más que cambios normativos: demanda un verdadero compromiso de transformación en las condiciones de reclusión para garantizar la dignidad y los derechos fundamentales de las personas privadas de libertad”, expresó durante su intervención, Rubén Maciel.

El viceministro destacó que la reforma penal iniciada con la Constitución Nacional de 1992 atravesó tres etapas fundamentales: la promulgación del Código Penal en 1997, la implementación del Código Procesal Penal en 1998 y la entrada en vigor del Código de Ejecución Penal en 2015. Este último desafío, no sólo implicó reconocer nuevos derechos y fortalecer los juzgados de ejecución penal, sino también reformar profundamente la realidad penitenciaria del país.

A pesar de que el Código de Ejecución Penal establece principios de dignidad y derechos humanos, la sobrepoblación en las penitenciarías sigue siendo alarmante. Según los últimos datos, la tasa de ocupación promedio del sistema penitenciario alcanza el 185%, con casos críticos como la Penitenciaría de Emboscada Antigua, que presenta una sobrepoblación superior al 400%.

Maciel resaltó que el hacinamiento genera una serie de problemáticas que afectan la seguridad y calidad de vida de las personas privadas de libertad, incluyendo la insuficiencia de infraestructura sanitaria, alimentación deficiente y acceso limitado a programas de reinserción.

Otro desafío fundamental identificado en la jornada, fue la necesidad de contar con un adecuado presupuesto penitenciario. Actualmente, muchos programas de reinserción social dependen de donaciones y convenios con entidades públicas y privadas, ya que el Ministerio de Justicia no cuenta con una asignación presupuestaria suficiente para sostener iniciativas propias.

Asimismo, se discutió la importancia de la formación del personal penitenciario. Se destacó que, históricamente, la contratación de agentes sin capacitación previa ha perpetuado prácticas ineficaces y, en algunos casos, condiciones propicias para la corrupción. En este sentido, el Instituto Técnico Superior de Formación y Educación Penitenciaria juega un rol clave para profesionalizar y transparentar la gestión penitenciaria.

El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso de seguir trabajando en políticas de reinserción social, la construcción de nuevas infraestructuras penitenciarias y el fortalecimiento del sistema penitenciario en línea con los estándares constitucionales y de derechos humanos.