![Logo de la [Institución Pública]](https://ministeriodejusticia.gov.py/wp-content/uploads/2023/10/cropped-logo-para-WEB.png){kind=logo}
El ministro de Justicia, Ángel Ramón Barchini y el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis María Benítez Riera, hoy en la sede del Poder Judicial rubricaron un memorándum de entendimiento de actuación en el ámbito de sus respectivas competencias legales para buscar soluciones a la dilación indefinida de los procesos judiciales y el hacinamiento en las penitenciarías del país.
El acto contó con la presencia de los ministros de la Corte, Alberto Joaquín Martínez Simón, César Manuel Diesel, Eugenio Jiménez Rolón y Gustavo Santander Dans. Por el Ministerio de Justicia estuvieron los viceministros Rafael Caballero y Rodrigo Nicora, y la directora de Bienestar y Reinserción Social, Rosalía González.
El objetivo primordial es establecer un marco de cooperación y asistencia interinstitucional para identificar procesos judiciales actuales sin condena, en procura de favorecer la gestión jurisdiccional, asegurando el acceso a la justicia en tiempo oportuno y de un modo eficiente.
La colaboración estrecha también permitirá separar a las personas privadas de libertad que tienen condenas en firme, de aquellas procesadas.
“Por primera vez en la historia, el poder Ejecutivo del Paraguay cumplirá la premisa tan fundamental del derecho penal, de separar a condenados de procesados. Esto se realizará ya la semana que viene” en el nuevo Centro de Reinserción Social de Minga Guazú, destacó Barchini.
El secretado de Estado subrayó que, desde la nueva política de Estado, los nuevos centros penitenciarios tendrán una total practicidad para el tratamiento de la reinserción social efectiva de las personas privadas de libertad, desde la Dirección de Bienestar y Reinserción Social del Viceministerio de Política Criminal.
“Las personas privadas de libertad que serán trasladadas con un perfil personalizado, ingresarán en un proceso inmediato de reinserción, para que las mismas tengan estudio, un oficio y un dinero ahorrado, y no vuelvan a reincidir en el delito en menos de 60 días”, dijo Barchini.
Ambas instituciones convinieron en desarrollar e implementar trabajos de coordinación práctica y tecnológica, consistentes en elaboración de censos en los establecimientos penitenciarios, realización de audiencias para la depuración de aquellas medidas cautelares de coerción personal extemporáneas, infundadas o excesivas, y utilización de medios tecnológicos para la realización de audiencias procesales, un cambio radical que aumentará el porcentaje de sentencias de las personas privadas de libertad.
Por último, en base al documento, se establece un marco de colaboración interinstitucional entre la Contraloría General de la República (CGR) y la Comisión ODS Paraguay, coordinada por la Cancillería Nacional, enfocado en acelerar las acciones de desarrollo sostenible en Paraguay, conforme a la normativa vigente y las atribuciones de cada entidad. El objetivo principal es consolidar esfuerzos para una implementación efectiva y monitoreada de los ODS a través de auditorías de desempeño y otras actividades de control.
