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En representación del Ministerio de Justicia, el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel, lideró una reunión de puntos focales de las instituciones involucradas para analizar el texto de redacción del Acuerdo de Cooperación, para la conformación del Comité para la Aplicación de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad en la República del Paraguay. Se da en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO 2.0).
La reunión contó con la participación de representantes del Ministerio de Justicia, Ministerio Público, Ministerio de la Defensa Pública, Poder Judicial y Policía Nacional, en el marco de los esfuerzos por fortalecer el sistema de justicia en Paraguay.
Los objetivos principales de este acuerdo son, establecer un sistema de recopilación y análisis de datos; promover el intercambio de información entre las distintas instituciones, de forma que exista un diagnóstico actualizado acerca del uso de la prisión preventiva y del alcance de las medidas alternativas en aplicación.
A más, realizar investigaciones, que tengan por finalidad analizar la aplicación de las medidas alternativas aplicadas y los obstáculos que eventualmente impidan la aplicación y seguimiento de las mismas, como así también, sobre las consecuencias económicas y sociales de su aplicación.
Se suma, la implementación de un sistema de medidas alternativas en todas las fases del procedimiento penal y promoción de una reforma del sistema penal.
Este esfuerzo interinstitucional refleja el compromiso del Estado paraguayo con una justicia más eficaz, humana y orientada a la rehabilitación de las personas en conflicto con la ley.
La reunión contó con la participación de representantes de la Cartera de Justicia, así, el director de Asuntos Internacionales, Sergio Velilla; el director de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol; la jefa del Departamento de Enlace Institucional, Ingrid León, y otros funcionarios.
Asimismo, como representante del Ministerio Público, estuvo la directora de Política Criminal, Romina Toro; por el Ministerio de la Defensa Pública, el director de Derechos Humanos, Hugo Giménez; por la Policía Nacional, Nelson Noguera y Antonio Ayala y; por el Poder Judicial, Juan Carlos Clari.
