En 2024, aceleración de más de 5 mil procesos judiciales de PPL marcan exitoso trabajo del Ministerio de Justicia

Con énfasis en personas privadas de libertad (PPL) en situación de vulnerabilidad, durante el año 2024, Ministerio de Justicia (MJ) a cargo de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal (UESP), revisó más de 5 mil expedientes procesales. Se otorgaron 149 libertades por compurgamiento de pena mínima.

El objetivo fue acelerar los procesos para obtención de sentencias judiciales, aminorar el hacinamiento penitenciario, así como rehabilitar y reinsertar en la sociedad a las personas privadas de libertad.

Las cifras oficiales del Viceministerio de Política Criminal, hablan de más de 700 planteamientos de forma directa a los diferentes juzgados del país, entre pedidos de compurgamiento de pena mínima y levantamientos de rebeldías.

El mismo resumen de gestión especifica, que de los diferentes planteamientos, se obtuvieron 291 resoluciones de levantamiento de rebeldías, es decir, procesos reactivados de PPL con más de una causa.

De igual manera, mediante estos seguimientos procesales se consiguieron 149 libertades por compurgamiento de pena mínima, cuya recomendación, de forma directa se ha realizado desde la UESP a los diferentes juzgados del país.

El trabajo coordinado con otras instituciones del Estado permitió la conformación de mesas de trabajo con los ministros de la Corte Suprema de Justicia, la Dirección General de Justicia Penitenciaria y la Coordinadora de Sala Técnica Penal.

Desde esas mesas de trabajo, se procesaron expedientes a fin de erradicar las órdenes de capturas vigentes contra 4.352 personas privadas de libertad, sumado a un cronograma de trabajo y el respectivo control de los diferentes plazos procesales.

A más de esto, se han decretado medidas cautelares de carácter personal – Prisión Preventiva (procesados), y que los condenados cuenten con sus resoluciones de compurgamiento de condena en tiempo oportuno (condenados).

También en el 2024, se presentó y socializó el proyecto de la creación del Sistema Único de Gestión Penal, que busca tener un sistema integrado entre la Policía Nacional, la Corte Suprema de Justicia, el Ministerio de Defensa Pública, el Ministerio Público y el Ministerio de Justicia.

Asimismo, se crearon siete oficinas regionales del Departamento de Judiciales de la Policía Nacional a iniciativa de la Unidad Especializada de Seguimiento Procesal, en San Pedro, Concepción, Pedro Juan Caballero, Caaguazú, Villarrica, Encarnación y Misiones; esto con el objetivo de tener una mayor información en cuanto a las causa que se les sigue a cada privado de libertad.