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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora, compareció hoy ante la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso Nacional, para defender las partidas presupuestarias solicitadas por el Ministerio de Justicia para el ejercicio fiscal 2025.
Se solicitó un aumento del 9% en relación al presupuesto 2024, es decir, Gs 518.160.208.430 (el vigente es de 471.201.258.853), de manera a dar sostenibilidad al nuevo modelo de gestión que implica la habilitación total de las 3 nuevas penitenciarías; el mantenimiento de 18 centros penitenciarios que en muchos casos necesitan de urgentes reparaciones; contratar y formar a cerca de 900 nuevos funcionarios, entre administrativos y agentes penitenciarios, para cubrir las nuevas cárceles; adquisición de tecnología para fortalecer el control de la población penal y también para facilitar los procesos judiciales, a través de las audiencias telemáticas.
El aumento presupuestario también está basado en la necesidad de profundizar los programas y proyectos de reinserción social y laboral, así como la modernización del Registro del Estado Civil (REC).
Se puso especial énfasis en la alimentación de una población penitenciaria que hoy alcanza poco más de 18.200 personas privadas de libertad, y que tiene un aumento anual de 1.000 personas.
El secretario de Estado estuvo acompañado por los viceministros de Justicia, Rafael Caballero, y de Política Criminal, Víctor Benítez, así como directores
Varios parlamentarios destacaron la gestión que está desarrollando el Ministerio de Justicia en la administración del sistema penitenciario y comprometieron apoyo para dotarle de un presupuesto acorde a las necesidades, considerando que la administración del sistema penitenciario hoy forma parte de la seguridad nacional.
El ministro Nicora respondió a todas las preguntas y también a los cuestionamientos. En ese sentido, resaltó que después del Operativo Veneratio hay numerosos procedimientos exitosos que evidencian la continuidad del combate al crimen organizado y a los crímenes cibernéticos desde las penitenciarías, como el desbaratamiento de los esquemas de extorsión que se producían desde las penitenciarías regionales de San Pedro y Cambyretá (Cereso).
