Ministerio de Justicia reorganiza su sistema de salud penitenciaria y proyecta nuevos desafíos

Lo más reciente, el inicio de obras en el Centro Educativo Itauguá (CEI), sede de la Unidad de Tratamiento y Rehabilitación de Adicciones (UTRA). Sin embargo, la restructuración del sistema de salud alcanza a todas las penitenciarías del país, y se proyecta un 2025 con fortalecimiento en personal de blanco, insumos médicos, informatización, mejoras edilicias y equipamientos, a favor de las personas privadas de libertad (PPL).

Según informe de la Dirección de Salud Penitenciaria, a cargo de Claudia Piñánez, se reorganizaron los recursos humanos de blanco en cada Unidad de Salud Integral (USI) de los 20 centros penitenciarios del país, con la designación de encargados de sanidad, de tuberculosis (TB), VIH y otras Infecciones de Transmisión Sexual (ITS), enfermedades crónicas no transmisibles (Hipertensión arterial y Diabetes), salud mental.

Además, contar en las unidades penitenciarias con el Sistema de Información y Control de Inventario Automatizado del Paraguay (SICIAP), una herramienta informática desarrollada por el Ministerio de Salud.

La misma dirección, también, colaboró en garantizar una alimentación adecuada y balanceada para las poblaciones atendidas, en cumplimiento con los estándares nutricionales establecidos, y así promover salud integral a las PPL.

En cuanto a salud mental, se presentó el plan de capacitaciones del personal de blanco para el 2025 al Instituto Técnico Superior Penitenciario, para que médicos, enfermeros, psicólogos, odontólogos, trabajadores sociales, nutricionistas, bioquímicos que trabajan en contextos penitenciarios, puedan promover una atención integral e interdisciplinaria que aborde las dimensiones biológicas, psicológicas y sociales de las personas privadas de libertad.

De igual manera, se proveyeron de insumos y medicamentos a las sanidades de 17 penitenciarías, tres centros penitenciarios de mujeres y ocho centros educativos.

Estas son solo algunas acciones y políticas aplicadas entorno al nuevo modelo de gestión penitenciaria, que contribuyan a lograr un trato acorde a los DDHH a favor de las PPL, y en cumplimiento de las obligaciones que tiene la cartera de Estado en la administración del sistema penitenciario.