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El ministro de Justicia, Rodrigo Nicora; el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), ministro Jorge Bogarín; y el Defensor General del Ministerio de la Defensa Pública,Dr. Javier Esquivel, mantuvieron este lunes una reunión interinstitucional de trabajo para avanzar en acciones orientadas a garantizar el acceso pleno y efectivo al derecho al voto de las personas privadas de libertad (PPL) que no cuenten con sentencia firme.
Durante el encuentro se abordaron mecanismos y acciones conjuntas destinadas a generar las condiciones jurídicas, institucionales y operativas que permitan el ejercicio del derecho al sufragio de las personas privadas de libertad que se encuentran bajo prisión preventiva, conforme al marco constitucional y legal vigente.
La mesa de trabajo busca articular los esfuerzos del Ministerio de Justicia, la Justicia Electoral y la Defensa Pública para avanzar en una hoja de ruta que permita establecer las garantías necesarias para el ejercicio efectivo de este derecho, mediante la coordinación entre autoridades y equipos técnicos de las instituciones involucradas.
En este contexto, las autoridades coincidieron en la importancia de fortalecer la cooperación interinstitucional y avanzar en acciones concretas que permitan garantizar los derechos políticos de las personas privadas de libertad que mantienen su condición de electores al encontrarse bajo una medida cautelar de privación de libertad.
Por la Justicia Electoral participaron el secretario general del TSJE, José Domínguez; el asesor del TSJE, Gustavo Rojas; el director de Comisiones Electorales, Luis Alberto Mauro; el director de Procesos Electorales, Carlos María Ljubetic; la directora de Derechos Humanos, Daisy Llano; el director del Registro Electoral, Benjamín Díaz Valinotti; y la coordinadora general de la Dirección de Derechos Humanos, Paola Piris.
La comitiva del Ministerio de Justicia estuvo integrada además por el viceministro de Justicia, Rafael Caballero, mientras que por el Ministerio de la Defensa Pública participaron la directora general de Asuntos Internacionales, Tania Abdo Rocholl; el director de Derechos Humanos, Hugo Giménez; la secretaria general, María José Méndez; y los asesores Laura Cabrera y José María Delgado.
La reunión constituye un espacio de coordinación interinstitucional para avanzar en la construcción de mecanismos que permitan a las personas privadas de libertad sin sentencia firme ejercer su derecho al sufragio, con las garantías jurídicas y constitucionales correspondientes.
Publicado el 17 de agosto de 2026.
