ONUDC: Paraguay trabaja en tres ejes para la reforma del sistema penitenciario y el combate a clanes criminales

El Gobierno de la República del Paraguay es consciente que el crimen organizado instalado en el sistema penitenciario se nutre de sus debilidades estructurales y funcionales y, por esa razón, el Ministerio de Justicia tiene por finalidad mejorar tres componentes del sistema penitenciario: la mejora de las capacidades y la formación de los servidores penitenciarios, la organización de los nuevos centros penitenciarios e implementar un sistema de clasificación de las personas privadas de libertad.

Así señaló hoy el viceministro de Política Criminal, Rodrigo Nicora Villamayor, durante su intervención en el 32º Período de sesiones de la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal (CCPCJ), que se desarrolló en la sede de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), en Viena, Austria.

Al profundizar en los ejes del combate al crimen organizado en los centros penitenciarios, señaló que con la mejora de las capacidades y la formación de los servidores penitenciarios se mejorará el servicio penitenciario. “En ese sentido, el Instituto Técnico Superior de Educación y Formación Penitenciaria está en proceso de conclusión de la cohorte de aspirantes a “Técnicos en Asistencia Penitenciaria”, quienes prestarán servicio en los nuevos centros penitenciarios que próximamente serán habilitados”, indicó.

Agregó que en estos momentos está en proceso de convocatoria a la segunda cohorte, buscando que la etapa de admisión sea lo más objetivo posible y sobre la base de un perfil previamente definido.

En segundo lugar, la organización de los nuevos centros penitenciarios será sobre la base de manuales de funciones, manuales de procedimientos y manuales operativos previamente definidos y aprobados por la Máxima Instancia Institucional. “Además, toda la estructura orgánica de los nuevos centros penitenciarios, responderá a un nuevo modelo de gestión penitenciaria, que se centra en el respeto de la dignidad de las personas privadas de libertad y en el cumplimiento de los estándares de derechos humanos”, subrayó. Con estas medidas se busca evitar replicar las prácticas vigentes y la cultura organizacional proclives a la corrupción, que fueron identificadas en el mapa de corrupción de la principal penitenciaría de Paraguay, acotó.

En tercer eje es implementar un sistema de clasificación de las personas privadas de libertad, en particular de aquellas que serán alojadas en los nuevos centros penitenciarios. Para ello, el Ministerio de Justicia contó con el apoyo de consultores de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDC).

Dicho respaldo resultó en la elaboración de un plan de acción para iniciar la implementación del sistema de clasificación general, en el cual se reconoce la necesidad de contar con una base de datos actualizada y detallada de las personas privadas de libertad, lo que a su vez llevó a iniciar un proceso de mejora del sistema de información con la finalidad de lograr la implementación de un expediente electrónico por cada persona privada de libertad.

El viceministro Nicora, en su intervención, destacó el trabajo interinstitucional con la finalidad de reducir el hacinamiento penitenciario, cuya principal causa es la aplicación de la prisión preventiva.

Puntualizó que cerca del 70% de la población privada de libertad en el sistema penitenciario paraguayo está constituido por personas bajo prisión preventiva, porcentaje que, lamentablemente, coloca a Paraguay en los países con mayor nivel de presos sin condena.

“Por esa razón, bajo el liderazgo del Ministro de Justicia, el Viceministerio de Política Criminal está llevando a cabo un intenso trabajo con el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública, con la finalidad de reducir la aplicación de la prisión preventiva”, remarcó Nicora.

Por último, destacó el apoyo del Parque Tecnológico de Itaipú, que permitirá implementar toda la tecnología que será utilizada en los nuevos centros penitenciarios. “Una tecnología de primer nivel, lo que permitirá una mejor vigilancia de las personas privadas de libertad y, en particular, de aquellas vinculadas al crimen organizado”, subrayó.