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El Ministerio de Justicia (MJ), a través del Comité Técnico Interinstitucional (CTI) conformado en el marco del Programa de Asistencia contra el Crimen Transnacional Organizado (PAcCTO 2.0), llevó a cabo una reunión virtual con expertos del programa para delinear acciones relacionadas con el Plan de Acción de Inteligencia Penitenciaria.
Durante el encuentro, se avanzó en la propuesta de redacción del Proyecto de Acuerdo de Cooperación Interinstitucional para la Promoción de Medidas Alternativas a la Privación de Libertad en Paraguay.
La reunión contó con la participación de representantes de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Estudios Judiciales y el Ministerio del Interior, además de la destacada presencia de Carlos Fernández Gómez, Técnico Especialista en Gestión Penitenciaria – Penitentiary Management Key Expert, quien aportó su conocimiento y experiencia en la materia.
Por parte del Ministerio de Justicia, participaron el viceministro de Política Criminal, Rubén Maciel; el director de la Unidad de Seguimiento Procesal, Gustavo Ferriol; el director de Relaciones Internacionales, Sergio Velilla; y la jefa de Enlace Institucional del Viceministerio de Política Criminal, Ingrid León.
Como parte de los temas dialogados, se fijó una reunión presencial para el miércoles 2 de abril en la sede del Ministerio de Justicia, con la participación de los puntos focales de las instituciones involucradas. El objetivo es avanzar en la redacción del documento, con la meta de que esté listo para su firma por parte de las máximas autoridades durante la visita de la misión de expertos del PAcCTO 2.0, en mayo próximo.
Este acuerdo busca impulsar alternativas a la privación de libertad, promoviendo medidas más efectivas y proporcionales al delito, así como facilitar el intercambio de información entre instituciones para contar con un diagnóstico actualizado sobre el uso de la prisión preventiva y la aplicación de alternativas viables.
El Ministerio de Justicia reafirma su compromiso con la modernización del sistema penitenciario y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen un enfoque más justo y eficiente en la administración de justicia.
