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El Paraguay, a través del viceministro de Política Criminal del Ministerio de Justicia, Víctor Benítez, participó de la Cumbre Regional de Seguridad y Justicia de América Latina y el Caribe, llevado a cabo en Barbados, los días 11 y 12 de diciembre. En la oportunidad, se realizó el lanzamiento oficial de la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, y se firmó el acta de fundación, a través de la “Declaración de Barbados”.
Paraguay manifestó su apoyo a la iniciativa. El encuentro fue propiciado por la Oficina del Fiscal General de Barbados y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
El encuentro se realizó considerando que América Latina y el Caribe (ALC) se enfrentan a una grave crisis de seguridad impulsada por la creciente presencia e influencia del crimen organizado, que supone una amenaza para las instituciones democráticas, el desarrollo económico y el bienestar de la ciudadanía. Las redes criminales se han vuelto cada vez más sofisticadas, transnacionales e interconectadas, mientras que los esfuerzos de integración regional pretenden coordinar una respuesta eficaz.
La declaración suscrita por Paraguay señala que nuestro país reafirma la importancia crítica de la seguridad ciudadana para el bienestar y desarrollo de nuestras naciones y con este propósito, declara su intención de lanzar y unirse a la Alianza para la Seguridad, la Justicia y el Desarrollo, con el fin de coordinar visiones y respuestas para abordar el crimen organizado en América Latina y el Caribe.
La Alianza tiene como objetivo promover acciones y políticas públicas basadas en evidencia a nivel regional, subregional y nacional, con el fin de fortalecer las instituciones, prevenir daños a las comunidades, incluyendo el reclutamiento de jóvenes, frenar los flujos financieros ilícitos, y movilizar recursos para atender y proporcionar respuestas coordinadas a la rápida expansión, crecimiento e influencia del crimen organizado en nuestras naciones.
Para cumplir este objetivo, la Alianza cuenta con un comité directivo y con tres grupos técnicos donde los países trabajan juntos definiendo acciones prioritarias dirigidas a:
– Proteger a las poblaciones y comunidades más vulnerables y expuestas a la influencia del crimen organizado.
– Fortalecer las instituciones de seguridad y justicia, así como otros sectores estratégicos, para mejorar su desempeño y la eficacia y eficiencia de sus respuestas frente el crimen organizado.
– Reducir los flujos financieros y debilitar los mercados ilícitos, para disminuir la capacidad operativa, el poder, la influencia y la legitimidad de los grupos criminales.
El viceministro Benítez manifestó que la Alianza es una iniciativa para el diálogo, la cooperación y la acción colectiva, y aspira a ser una plataforma que agregue a gobiernos y sus diferentes áreas de seguridad y justicia, organizaciones multilaterales y de otro tipo, sector privado, sociedad civil y otros.
