El Ministerio de Justicia y la Gobernación del Alto Paraná presentaron hoy, durante la jornada de gobierno del presidente de la República, Santiago Peña, en el Décimo Departamento, la primera partida de mesas y pupitres para escuelas paranaenses fabricadas por personas privadas de libertad (PPL) de la Penitenciaría Regional de Ciudad del Este.
Este emprendimiento es el resultado del convenio específico de cooperación interinstitucional firmado el pasado 1 de octubre entre el ministro de Justicia, Rodrigo Nicora Villamayor, y el gobernador de Alto Paraná, César “Landy” Torres, en el marco del programa “Educa con arte hacia la reinserción”.
La meta es dotar con 1200 mesas y sillas pupitres a las instituciones educativas de la zona para el inicio del año lectivo 2025.
El gobernador “Landy” Torres proporcionó los insumos y las PPL de la penitenciaría de CDE se encargaron de la fabricación, en el marco de los programas y proyectos de reinserción social y laboral llevados adelante por el Ministerio de Justicia.
El gobernador César “Landy” Torres dio inicio al acto y en una parte de su intervención destacó que gracias al trabajo de equipo hoy son realidad varios proyectos, entre ellos, la fabricación de pupitres por parte de personas privadas de libertad de la Penitenciaría Regional de CDE para las escuelas del departamento, gracias a un convenio entre el Ministerio de Justicia y la Gobernación de Alto Paraná.
“Queremos dignificar a las PPL para que cuando cumplan sus condenas y salgan en libertad de nuevo puedan ser útiles a sus familias, a sus comunidades y al país”, sostuvo.
El convenio específico entre el MJ y la Gobernación tiene por objetivo general establecer una relación de cooperación mutua a los efectos de generar oportunidades laborales para las PPL que favorezcan su desarrollo personal de manera integral, para la efectiva reinserción social.
El Ministerio de Justicia impulsa programas para fomentar oportunidades laborales para las personas privadas de libertad y generación de fuentes de empleo, en cooperación con el sector privado y organizaciones de la sociedad civil.
El Código de Ejecución Penal, en el Capítulo VII, establece todo lo relacionado al trabajo de las personas privadas de libertad, los cuales serán objeto de estricta observancia.