El ministro de Justicia, Ángel Barchini, y el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE), Jorge Bogarín González, hoy firmaron un convenio marco de cooperación interinstitucional entre el Ministerio de Justicia y Justicia Electoral, con el objetivo de buscar mecanismos que beneficien a la ciudadanía con una gestión más eficiente.
El objeto prioritario es que mediante la asistencia técnica y logística entre ambas instituciones se busque la coordinación y ejecución de planes, programas, proyectos y lineamientos, para afianzar una administración más eficiente, transparente y eficaz de la gestión pública.
Según las autoridades, la idea es potenciar los servicios del Registro del Estado Civil de las Personas (REC), mediante los avances tecnológicos, logísticos y administrativos que posee el TSJE y que puedan contribuir en el proceso de modernización del REC.
El ministro Barchini manifestó que, al término de este Gobierno, se busca marcar un antes y un después en el servicio que prestan los poderes del Estado, así como la Justicia Electoral, Fiscalía General del Estado y Defensoría Pública. “Todas las instituciones que hacen a la justicia y a la seguridad nacional estamos involucrado en darle mejor vida al pueblo paraguayo”, subrayó.
El Ministerio de Justicia es la cartera del Estado responsable, a través de la Dirección General del Registro del Estado Civil, de garantizar el acceso al derecho de identidad.
Igualmente, es el garante de la vigencia de los DDHH de todos los paraguayos, con énfasis en el acceso a la justicia y a la información pública, al impulsar la vigencia de un ordenamiento jurídico sistematizado y brindar condiciones adecuadas de atención y tratamiento para la rehabilitación y reinserción de las Personas Privadas de Libertad (PPL) y de los adolescentes en situación de riesgo y en conflicto con la ley penal, de manera coordinada con las instituciones relacionadas.
Por su parte, el TSJE es la autoridad rectora en materia electoral, responsable de convocar, organizar, dirigir, supervisar, vigilar y juzgar los actos y cuestiones derivadas de las elecciones, ya sean generales, departamentales o municipales, como también la proclamación de derechos y de los títulos de quienes resultasen electos.
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