1. Asegurar la implementación de la política penitenciaria con un modelo de gestión moderno, acorde a las recomendaciones nacionales e internacionales, en concepto de infraestructura, atención y tratamiento adecuado de las personas privadas de libertad, para lograr una efectiva reinserción social.

2. Garantizar y promover el acceso al derecho de la identidad de todas las personas, mediante un servicio confiable y de fácil acceso para la ciudadanía.

3. Brindar atención integral a adolescentes en conflicto con la ley penal, promoviendo el desarrollo personal, la salud integral y la educación que permitan su rehabilitación y su efectiva inserción.

4. Promover, respetar y proteger los derechos humanos, con énfasis en la población en situación de vulnerabilidad, en coordinación con las demás instituciones del Estado.

5. Facilitar el acceso a la justicia, especialmente a los sectores más vulnerables, promoviendo los mecanismos alternativos de solución de conflictos.

6. Promover y desarrollar un sistema de protección jurídica del Estado, y asegurar el control técnico de los proyectos normativos, velando por la certidumbre jurídica en sinergia con otros organismos competentes.

7. Promover el libre acceso de las personas a la información pública que permita el control ciudadano sobre la gestión pública que contribuya a la transparencia y la lucha contra la corrupción.

8. Optimizar la gestión del Ministerio de Justicia