Visita parlamentaria al CEI destaca avances en atención integral a adolescentes en conflicto con la ley

En una jornada de diálogo y compromiso interinstitucional, el Ministerio de Justicia recibió a la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Cámara de Diputados en el Centro Educativo de Itauguá (CEI), donde se encuentran adolescentes en conflicto con la Ley Penal.

La visita fue acompañada por autoridades del Ministerio de Justicia y del Servicio Nacional de Atención a Adolescentes Infractores (SENAAI), entre ellas

Mabel Colmán, directora del SENAAI; Luis Barreto, director jurídico del SENAAI; y Próspero Espinoza, director del CEI.

La comitiva parlamentaria estuvo conformada por la diputada Dalia Estigarribia e integrada por los diputados Rocío Vallejos, Pedro Gómez y Raúl Benítez, quienes recorrieron las instalaciones del centro para observar de cerca las condiciones de infraestructura, los espacios educativos, recreativos y de rehabilitación, así como el funcionamiento general del establecimiento.

Son destacables los cursos de formación laboral que se imparten actualmente, como el de educación musical y de panadería, horticultura, arte, pinturas, forrado y sublimación de termos, entre otras cosas.

Durante la visita, las autoridades legislativas mantuvieron un diálogo directo con los adolescentes infractores, escuchando sus testimonios y compartiendo mensajes de aliento, en una muestra de cercanía y compromiso con la protección de sus derechos.

 

UTRA

 

Uno de los puntos destacados del recorrido fue la verificación de los avances en la Unidad de Tratamiento Residencial para Adolescentes (UTRA), una obra próxima a su culminación que será clave para el abordaje integral de jóvenes con problemas de consumo de sustancias.

Esta unidad contará con espacios especializados para la deshabituación y rehabilitación, fortaleciendo la atención diferenciada y el acompañamiento terapéutico, según detalló en situ Stella Azuaga, directora de Obras e Infraestructura del Ministerio de Justicia.

Estas acciones fortalecen la articulación entre poderes del Estado y refuerzan nuestro compromiso con una gestión penitenciaria centrada en la dignidad, la educación y la reinserción social de los adolescentes.